Hace mucho tiempo que sabemos que el cambio climático perjudica de manera desproporcionada a las comunidades de color y de bajos ingresos. Estudios recientes muestran que el 80% de latinos en Estados Unidos viven en áreas que no cumplen con los estándares de calidad de aire fijados por la Agencia de Protección Ambiental, y que el 68% de los afroamericanos viven a menos de 30 millas de una planta de carbón. Estos problemas crean impactos sobre la salud de éstas comunidades, que ya suelen estar sobrecargados por un acceso desproporcionado a los servicios públicos y otros problemas sociales como bajos ingresos y problemas de salud.

Por lo tanto, cuando hablamos de fijar precios para el carbono, o cualquier otra política climática y ambiental, es imperativo que lo hagamos de una manera equitativa, que combata el racismo ambiental en lugar de perpetuarlo. Hay formas de diseñar legislación que tome en cuenta estos problemas sociales y que de manera adecuada dirija recursos e inversión a las comunidades más afectadas. Este es el mensaje que Michelle Romero, la directora nacional de Green For All tuvo para los cientos de participantes en el seminario web de Climate XChange esta semana.

Green for All es una organización de justicia climática que trabaja para construir una economía verde inclusiva para sacar a las personas de la pobreza y, al mismo tiempo, combatir el cambio climático. La organización se enfoca en crear coaliciones diversas e impulsar políticas que hagan que los contaminadores paguen por el costo de las emisiones, en lugar de las comunidades vulnerables y las familias trabajadoras.

“Si no estamos abordando las necesidades de las personas más afectadas por la contaminación y por el cambio climático, lo que estamos diciendo es que podemos descartar a esas personas”, advirtió Romero. “Estamos diciendo que, está bien si no incluimos estas comunidades en nuestros planes para salvar el mundo, porque en general, estamos tratando de salvar a una población diferente con más privilegios, más riqueza y más capacidad de prosperar “.

El vínculo entre las cuestiones ambientales y la desigualdad

Romero se involucró por primera vez en el movimiento por la justicia climática tras el incendio de la refinería Chevron Oil 2012 en Richmond, California. Romero llamó a una amiga que vivía en Richmond para ver si estaba bien, y se sorprendió al darse cuenta que éste tipo de emergencias son tan frecuentes que la ciudad tiene un sistema de alarmas para alertar a los residentes a refugiarse cuando ocurren catástrofes relacionadas con la contaminación

“Se había normalizado, porque Richmond es una comunidad de bajos ingresos, predominantemente afroamericana y latina que nosotros, como sociedad, devaluamos”, dijo Romero. Inmediatamente se dio cuenta de la conexión intrínseca entre el clima y los problemas ambientales, y el racismo institucional y la desigualdad socioeconómica.

“Hasta ese momento, había concebido el movimiento ambiental como algo que realmente era para activistas ‘hippies’ que se preocupaban por las ballenas, y los osos polares,” dijo Romero. “Realmente no había entendido cómo el cambio climático es también un problema socioeconómico que afecta a las comunidades vulnerables.”

El caso estratégico de la justicia climática

Si bien la incorporación de la equidad en el movimiento climático es una cuestión moral, también es una consideracion estratégica, dijo Romero. Los activistas climáticos a menudo no logran incluir a las comunidades vulnerables durante el proceso de construcción de la coalición, y como resultado, el movimiento es menos inclusivo y menos poderoso.

“Irán a las empresas, incluso irán a los conservadores, antes de ir a las personas que en realidad están más afectadas”, dijo Romero. “Pero la oposición, los mayores contaminadores, sí van a nuestras comunidades primero, a las comunidades de bajos ingresos y vulnerables, y dicen: ‘aumentarán sus precios de energía y usted no verá ningún beneficio’. La idea que el movimiento en contra del cambio climático es principalmente elitista y conformado por gente liberal o Demócrata, es algo que tiene que cambiar.”

Diseñar una política climática equitativa

Cualquier ley que ponga un precio sobre las emisiones de carbono debe ser diseñada para corregir estas injusticias ambientales. “No es suficiente decir que existe el potencial de que usted se beneficie”, dijo Romero. “Tenemos que, en las leyes que ya existen, escribir criterios que garanticen beneficios reales”.

En California, por ejemplo, cuando la ley de bonos de carbono avanzaba en la legislatura, los grupos de justicia ambiental trabajaron para impulsar la SB 535, un proyecto de ley que ahora garantiza que al menos el 35% de los ingresos generados beneficie directamente a las comunidades más desfavorecidas.

Romero delineó cinco principios para la construcción de leyes climáticas efectivas y equitativas:

1. Responda a las necesidades de las comunidades de primera línea. Las comunidades más afectadas por el cambio climático deben ser incluídas y tener participación a la hora de desarrollar legislación. “Alguien que nunca ha vivido en una comunidad de bajos ingresos, si no entiende esa experiencia, simplemente no sabe qué es lo mejor para ellos”, dijo.
2. Establezca un límite máximo o una señal de mercado: el costo social de la contaminación ha sido calculado alrededor de $40 USD  por tonelada de carbono emitido. “Estamos viendo leyes de impuestos sobre el carbono, o bonos de carbono que no reflejan éste costo real, sino que lo tienen mucho más bajo,” dijo Romero. La contaminación no es gratis, tiene costos reales para familias en manera de gastos médicos, depreciación de valores de propiedad, etc. Tenemos que asegurar que los productores de contaminación paguen el costo real de aquella. Si nuestro objetivo es apaciguar a los productores por medio de leyes suaves, estamos perdiendo la oportunidad de crear algo con impacto.”
3. Los ingresos generados por el impuesto deben (1) prevenir un costo adicional para familiar de bajos recursos, y (2) acelerar la transición a un sistema bajo en emisiones de carbono, por medio de inversión en las comunidades más necesitadas. Las leyes que están diseñadas para devolver fondos a los residentes, no necesariamente funcionan para lidiar con el problema de inequidad. “Alguien que vive en una comunidad próspera no necesita el mismo reembolso que alguien que vive en una comunidad de bajos recursos,” dice Romero. “Los reembolsos solamente funcionan para mitigar problemas a futuro, pero no hace mucho para remediar los problemas de las comunidades en general.” Leyes que recaudan fondos pueden dirigirlos hacia inversión en cosas como transporte público.  
4. Ser responsable ante las comunidades más afectadas. “Tiene que haber transparencia sobre cómo se toman las decisiones de financiamiento, y participación de las comunidades en todas las etapas del proceso, tanto en la elaboración de las políticas como en la implementación”, dijo Romero.
5. Apoyar una transición justa para los trabajadores en industrias de combustibles fósiles, quienes se verán afectados por falta de empleo a futuro, cuando la industria se vea disminuida. “La realidad es que a medida que cerramos plantas de producción de combustible fósiles, habrá pérdida de empleo”, dijo Romero. “Necesitamos asegurarnos de que haya una capacitación laboral adecuada y apoyo para las personas que están cerca a la jubilación”.

Adherirse a estos principios podría ser difícil, particularmente cuando aprobar una ley de precios del carbono es de por sí, un desafío político. Pero es absolutamente crítico que propongamos políticas que protejan a las comunidades vulnerables y desfavorecidas, que ya están sufriendo los impactos de la polución y el cambio climático. Romero hace una observación importante sobre la necesidad de no comprometerse desde el principio, sino de llegar a las mesas de negociación con la mejor política posible para poner estas previsiones y consideraciones fundamentales sobre la mesa.

Este seminario web forma parte de la serie de seminarios de inmersión profunda de State Carbon Pricing Network. Cada mes, exploramos en profundidad un tema alrededor de la fijación de precios del carbono, reuniendo a expertos e impulsando la conversación. Esté atento al seminario web de junio sobre la Iniciativa de Transporte y Clima, un programa propuesto de límites máximos e inversiones que busca limitar las emisiones del sector de transporte en diez estados del noreste y del Atlántico medio.